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La República

La letra con sangre entra

Decía Edmund Burke que, “las malas leyes son la peor especie de tiranía”. Hace escasamente un año que la Ley Wert blindaba la educación en castellano en todas las comunidades, […]

El Comunicado J Herrera
El Comunicado J Herrera 09/05/2015

Decía Edmund Burke que, “las malas leyes son la peor especie de tiranía”.

Hace escasamente un año que la Ley Wert blindaba la educación en castellano en todas las comunidades, a las que obligaba a pagar la escolarización en escuelas privadas cuando no exista una oferta de castellano en la pública, pero no protegía de la misma forma al resto de lenguas cooficiales del Estado. Una ley que recoge el procedimiento a seguir para que el Estado abone a los padres los gastos que hayan tenido por escolarizar a sus hijos en un centro privado en castellano, pero en ningún momento contempla el caso contrario, como ocurrió en la Comunidad Valenciana, donde los padres querían y quieren que sus hijos estudien en valenciano (o en cualquier otra lengua cooficial) y no tienen oferta pública. Donde a los valencianos, según ese decreto, el Estado no les pagará el colegio privado. ¿Cómo es posible que en el siglo XXI tengamos que ser testigos de semejante desplante a la democracia, a la desvergüenza política o simplemente a la convivencia incívica por culpa de ese pensamiento único y gris?

Desde el curso pasado ocho colegios catalanes por orden del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC), impartían el 25 % de sus clases en castellano. Ahora el Tribunal Supremo (TS) ha hecho públicas dos resoluciones instando a todas las escuelas catalanas a impartir ese porcentaje, si bien solo afecta a la clase del estudiante solicitante, según dice el propio TS. En cualquier caso dicho tribunal desestima la reclamación que habían hecho los padres de los menores para que sus hijos recibieran hasta el 50% de las clases en castellano y también hace oídos sordos a la petición de la Generalitat, que solicitaba mantener como hasta ahora, el modelo lingüístico en los centros afectados, ofreciendo un servicio de atención individualizada a esos alumnos. La vicepresidenta Soraya Sáenz de Santamaría tras el consejo de ministros, ha reclamado al president de la Generalitat Artur Mas, que “no haga ninguna otra interpretación del fallo del alto tribunal y se limite a cumplirlo”.
 
El Ministerio de Educación siempre ha alegado que “lo que hace la ley es tratar de paliar un problema que afecta al castellano”, que no se cuida adecuadamente en alguna comunidad, y que no se ha ejercido la misma protección al resto de lenguas cooficiales del Estado porque de su cuidado “ya se ocupan las comunidades autónomas”. Aunque parezca de otra época, volvemos a aquello que el pintor Francisco de Goya dio a entender con su cuadro “La letra con sangre entra”, refiriéndose a un tipo de educación autoritaria, en la cual se creía que a base de golpes y castigos, se imponía la enseñanza más adecuada para el bien común de todos. Algo hemos cambiado desde 1780, aunque en el ideario seguimos como siempre. No se puede entender que el departamento que dirige José Ignacio Wert sostenga que no se privilegia una lengua (el castellano) sobre otras, sino que lo que hace el Gobierno es no poner el acento en proteger a las otras, cuando bajo su criterio único y unidireccional elabora una ley (contra unas lenguas cooficiales) y si no le parece suficiente, utiliza todas las argucias alégales de las que dispone el Estado como el TS, para imponerla de forma autoritaria. Esa resolución a favor de una ley, sobre algo que ya estaba normalizado y la vuelta al pasado, hace reflexionar si España realmente está en el siglo XXI, o si tan siquiera alguna vez lo ha estado.

J L Herrera Vega
Ciències de la Informació i de la Comunicació
El Comunicado

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