Se cumplen 40 años de la Constitución. Era diciembre de 1978 cuando España dio el visto bueno a un texto legal, en que se quería creer o simplemente secundar, por la precaria situación de la que salían los españoles. Tras otros 40 años, de una muy dura dictadura, cualquier cambio era para mejor. O por lo menos eso se creía.
Hay que entender el contexto en el que se vivía para poder asimilar del porqué de la aceptación de la misma. Pero se estaba equivocado, viendo la actualidad. Se pensó que por fin íbamos a poder aspirar a ser como los países más admirados de nuestro entorno, aquellos que nos habían servido de espejo en el que mirarnos durante los oscuros años del franquismo. Nada más lejos de la realidad.
Cuarenta años han pasado desde entonces, y en nuestra madurez podemos comprobar que el poder del Estado español, sigue en manos de los mismos. La Constitución solo fue la manera de disimular el traspaso, de hacer la misma política disimulada con la palabra democracia. Con la amenaza de ruido de sables a muchos ya les pareció una mejoría. Ahora es un documento anacrónico. Como la misma monarquía.
España se enorgullece de su manera de ser y actuar como Estado. Es una monarquía parlamentaria regida en los principios constitucionales de esa misma carta magna. Pero ni el poder legislativo en ninguna de sus cámaras, ni el ejecutivo de turno, ni mucho menos el poder judicial, la interpretan neutramente, si no es a su manera o interés. Incluso la modificán según sean sus necesidades de forma antidemocrática.
La Constitución se diferencia de las demás normas jurídicas por muchas cosas, entre otras porque tiene intérpretes privilegiados. La Constitución es interpretada en primera instancia y de manera exclusiva y excluyente por el legislador, por las Cortes Generales y la interpretación que de la Constitución hacen las Cortes Generales únicamente puede ser revisada por el Tribunal Constitucional. Lo que le hace ser un documento en absoluto justo.
Todos los demás operadores jurídicos, sean públicos -esto es, los diferentes gobiernos, estatal, autonómico, municipal, así como las diferentes administraciones públicas y los jueces y magistrados que integran el poder judicial- o privados, todas las personas físicas o jurídicas, tienen que ajustar la conducta a la interpretación que de la Constitución ha hecho el legislador o, en el caso de que el Tribunal Constitucional se haya pronunciado sobre tal interpretación, a la sentencia de dicho Tribunal. Pero hecha la ley hecha la trampa.
Hemos presenciado que en el tema catalán se prohibieron unos 30 artículos en los apartados del Estatut cuyos textos eran idénticos a los del estatuto andaluz. La Abogacía del Estado propone y el TC (Tribunal Constitucional) dispone. En consiguiente la Constitución ya no sirve para nada. Es una estafa jurídica y política. Reformarla necesitaría de consenso, habría que hacerlo por referéndum. ¿Seguro?
Lo que había resultado imposible durante siete años -poner de acuerdo a PSOE y PP en una reforma constitucional- se ventiló un 22 de Agosto de 2011, con nocturnidad y alevosía, (y sin referéndum) en el Congreso, por sorpresa y en diez minutos: los que tardó en aquellos momentos el presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, en ofrecerla y Mariano Rajoy, líder del PP, en aceptarla.
Se trataba de poner un cerco permanente al gasto público en España. Por la estabilidad presupuestaria quedaría fijada por mandato constitucional. La vicepresidenta Elena Salgado aclaró que el límite que se impondría será muy cercano a cero a partir de 2018-2020. Ahora Pedro Sánchez quiere volver a reformarla de igual manera para evitar los aforamientos. Otra mentira más. Los Borbones seguirán al margen de la Ley…
El Comunicado
Josep Herrera
Periodista
