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La República

Justicia justiciera

Semana de amenazas judiciales. Aseguraba hace poco menos de un año el presidente del Tribunal Supremo y del Consejo General del Poder Judicial, Carlos Lesmes Serrano, que “los jueces españoles […]

El Comunicado J Herrera
El Comunicado J Herrera 03/02/2018

Semana de amenazas judiciales. Aseguraba hace poco menos de un año el presidente del Tribunal Supremo y del Consejo General del Poder Judicial, Carlos Lesmes Serrano, que “los jueces españoles están actuando con plena independencia, sin más criterio rector u orientación que aquellos que la propia ley establece, desde el firme convencimiento de que la Justicia ha de ser justa, pero no justiciera”.

Esa aseveración está muy bien como retorica jurídica y más dicha por quien lo hace, pero desgraciadamente no es esa la percepción que se tiene de la justica en Catalunya desde hace un tiempo hasta aquí. Presos políticos por sus ideas y el compromiso con sus ciudadanos. Exiliados políticos por sus ideales refrendados en las urnas. Prisión preventiva a activistas sociales por la misma causa. Prisión y obligaciones de declarar a responsables de otros cargos de la administración por más de lo mismo, etc.etc. Por lo que es lógico que muchos ciudadanos se pregunten si no hay que insubordinarse ya ante esta justicia. De activar una revuelta o rebelión de verdad, ya que tanto se repite por los corrillos jurídicos estatales.

Hay una célebre sentencia que dice que un juez no tiene que hacer justicia, sino aplicar la ley. En este caso si se basa en las dos querellas que afirmaba el ex Fiscal general del Estado José Manuel Maza por “rebelión, sedición y malversación”en el Tribunal Supremo y la Audiencia Nacional contra los políticos y responsables de la declaración de independencia de Catalunya, no cumple legalmente según su regulación. Además esto ha desembocado en la intervención de la autonomía por parte del Gobierno, con la aplicación del artículo 155 que no hay que recordar que va contra la propia constitución al violar los derechos constitucionales que este territorio posee dentro de ella como tal.

La sedición se regula en el artículo 544 y siguientes del Código Penal, y castiga con penas de hasta 15 años de cárcel a quienes “se alcen pública y tumultuariamente” para “impedir, por la fuerza o fuera de las vías legales, la aplicación de las Leyes”, o para “impedir a cualquier autoridad, corporación oficial o funcionario público, el legítimo ejercicio de sus funciones o el cumplimiento de sus acuerdos, o de las resoluciones administrativas o judiciales”. Pero para que esto se cumpla la rebelión y sedición debe comprender cualquier conmoción con lo que generalmente se presenta asistida por violencia directa, cuando no la habido, y sí por parte de las fuerzas policiales del Estado.

Lamentablemente como el Código Penal español no es un libro de aritmética ni la ley una ciencia exacta, en España –las resoluciones así lo indican- la justicia nunca es igual para todos, sino que depende de quién seas tú, tu ideología o status social, y de quiénes sean tus abogados o qué minutas puedas pagar, qué tribunal te toque en suerte o quién saque la cara por ti, etc. Ahora con el tema procés sale a la luz sin complejos ese sistema judicial justiciero. Algo maquiavélico y peligrosísimo para un Estado que se vanagloria de ser democrático.

Por ese motivo informes como el de la Guardia Civil entregado al juzgado número 13 de Barcelona donde indica que la Generalitat diseñó la creación de todo un ‘ejército’ “destinado a la defensa de la República” tras la declaración de independencia. O que esas ‘fuerzas armadas’ debían servir para “prevenir, entre otros riesgos, los que podrán provenir del Estado español”, según interpretan los agentes tras examinar con detalle los 20.515 correos incautados a Lluís Salvadó, exsecretario catalán de Hacienda y número dos de Oriol Junqueras, pueden ser interpretados como otra excusa para ajusticiar judialmente a estos o a los que hagan falta.

Los casos de ajusticiamiento o linchamiento con el artículo 384 bis de la Ley de Enjuiciamiento Criminal también van en esa línea. Se prevé la suspensión de “función o cargo público” de los procesados en firme por terrorismo o rebelión mientras se encuentren en prisión. Eso significará que si el exvicepresidente de la Generalitat Oriol Junqueras y el diputado electo Jordi Sànchez siguen en la cárcel para cuando el juez Pablo Llarena dicte el auto de procesamiento su condición de diputados quedará en suspenso.

Con estas acciones de la justicia, se da por sentado que no solo se pretende hacer ya sucumbir el procés. Esta tiene la misión de que cualquier persona física o jurídica vinculada a él, sea borrada del panorama reivindicativo pro independencia por no pensar igual. Lo que no se sabe arreglar con la política, se ordena, se reglamenta y se normaliza con la justicia. Incluso sus patriotas se la saltan. Deberían reflexionar que contra más grande se haga ese remolino de lodo desde Madrid, más posibilidades hay también que acabe engullendo en su descenso al ejecutivo…

JL Herrera Vega
Ciéncies de la Informació i la Comunicació
El Comunicado

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