Dimecres, 1 de febrer de 2023 - Edició 1651
La República

Hernando, Bono i el Tribunal Constitucional

Us adjunto la intervenció d’ahir en el plenari arran del debat i votació de les resolucions de la memòria anual del Consell General del Poder Judicial. Val a dir que […]

Joan Tardà 03/12/2010

Us adjunto la intervenció d’ahir en el plenari arran del debat i votació de les resolucions de la memòria anual del Consell General del Poder Judicial. Val a dir que vam aconseguir pactar totes les presentades menys dues, una de les quals (rebutjada pel PSOE) relacionada amb la llengua catalana.

Altrament, el debat es va dur a terme l’endemà que PSOE i PP haguessin pactat i aprovat en el Senat convertir en membre del Tribunal Constitucional Francisco José Hernando, l’anterior president del Consell General del Poder Judicial i persona que durant anys ha estat un dels representants de l’armada espanyolista actuant contra la voluntat del Parlament de Catalunya quant a l’Estatut i contra la normalització de la llengua catalana.

Evidentment, havíem d’aprofitar el debat per denunciar l’actitud del PSOE i del PP, cridar l’atenció sobre el que ens caurà al damunt arran de les lleis catalanes de darrera generació que han estat recorregudes. En definitiva, denunciar la perversió, la parcialitat i la manipulació polítiques d’aquest òrgan constitucional per part del PSOE i el PP, és a dir un ens “corromput en les seves funcions”, perquè és evident que un Tribunal Constitucional, com qualsevol Tribunal de Garanties Constitucionals, hauria de ser el contrari: lliure de manipulacions polítiques, constituït per persones sàvies i alienes a qualsevol hooliganisme polític, dels quals la “catalanofòbia” n`és en la història de l’Espanya contemporània un dels més estesos i conreats.

El president Bono em va cridar l’atenció i em va dir que l’elegància parlamentària l’obligava a no acceptar mai a ningú l’ús de la paraula “corrupció” si podia interpretar-se relacionada a una persona. Li vaig aclarir que, tal como tothom podia entendre, jo em referia a la corrupció de la institució com a sinònim de degeneració, perversió. Al final, li vaig dir que qui havia volgut entendre’ns, ja ho havia entès i que, a partir d’aquí, podia seguir aplicant la “correcció parlamentària”. Em va dir que ell ho havia entès igual, però que la cortesia i les maneres parlamentàries li ho exigien.

I vaig respondre que no pensava perdre el temps en bizantinismes, que ja havíem denunciat el que calia.

Si us plau, no ens quedem en l’anècdota. La categoria és inacceptable: que personatges com Hernando, que ens menyspreen com a catalans, siguin membres del Tribunal Constitucional gràcies al PSOE i al PP. I ho hem denunciat. Ens quedarem, però, només amb això?

(en negreta la part del discurs relacionat amb la llengua i el Tribunal Constitucional)denunicat

Por el Grupo de Esquerra Republicana tiene la palabra don Joan Tardà.

El señor TARDÀ I COMA: Gracias, señor presidente.

Señorías, hemos presentado siete propuestas de resolución. En primer lugar, un bloque de enmiendas sobre agilización de la justicia y reducción de la litigiosidad. Hay consenso sobre la necesidad de modernizar el sistema judicial, empezando por la nueva oficina judicial y más y mejores medios materiales y humanos, pero también acometiendo reformas legislativas tanto en la legislación procesal como en la Ley de Demarcación y Planta, que es lo que planteamos en la resolución número 2. De los 39 millones de habitantes del año 1988 —año en que se aprobó la ley— hemos pasado a 46 millones actuales, la población se ha redistribuido por los propios flujos migratorios tanto internos como externos, y respecto a la litigiosidad, ha aumentado de forma exponencial por un cambio de cultura jurídica de nuestra sociedad. En consecuencia, la Ley de Demarcación y Planta ha quedado superada, quizás agotada, y no da respuesta a los cambios demográficos, culturales y socioeconómicos. También es necesario emprender nuevas reformas procesales para agilizar los procedimientos, como se propone en nuestra resolución número 6 en concreto a lo que se refiere a la jurisdicción contenciosa. Finalmente, para cerrar el bloque de resoluciones que persiguen la reducción de la litigiosidad, pretendemos, mediante la resolución número 3, dar cobertura a las actuales necesidades de muchos partidos judiciales, instando al Consejo General del Poder Judicial a seguir colaborando en la creación de nuevos juzgados especializados en materia de familia, incapacidad y tutela. Igualmente, proponemos que el Gobierno regule para la judicatura el derecho de huelga. Esta es una de las dos resoluciones que no han sido contempladas por el Grupo Socialista mediante la propuesta de transaccionales. A nuestro entender el artículo 28 de la Constitución lo consagra y no establece prohibición alguna a los titulares de la magistratura, razón por la que no ha lugar a negar el derecho a ejercerlo. En todo caso, esta es una de las resoluciones sobre las que no hemos recibido ninguna oferta de texto transaccional. Tampoco nos sorprende porque ya se posicionó el Ejecutivo en contra de la convocatoria de huelga convocada el pasado año por parte de los jueces.

Quisiera llamar la atención sobre la resolución número 4, que tiene como finalidad dar cumplimiento a determinadas previsiones estatutarias del Estatuto de Catalunya. Después de que el pasado mes de junio el Tribunal Constitucional fallase contra el estatuto, que aprobó el pueblo de Catalunya, el presidente Zapatero se comprometió a buscar un apaño, si me permiten la expresión. Se trataba de solventar uno de los problemas que nacieron con la sentencia. La creación de los consejos autonómicos de justicia, así como la casación, deberían contemplarse para permitir que los tribunales superiores de Justicia fueran competentes para conocer de los recursos de casación. El presidente Zapatero se comprometió —mediante una cierta operación relacionada con la reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial— a recuperar de manera inmediata y por la vía de reformas legislativas, aquellos aspectos del estatuto que quedaron afectados por la sentencia. De ahí nuestra resolución, que ha sido transaccionada, cuya finalidad es la de vincular al Consejo General del Poder Judicial con esta reforma necesaria para la creación de los consejos autonómicos de justicia y para la descentralización de la casación.

Debo decirles que, hasta aquí, todas las propuestas de Esquerra Republicana han sido aceptadas mediante la transacción, es decir, ponderadas, pero han sido rechazadas dos, una relacionada con el derecho de huelga y —¡oh, casualidad!— otra con la lengua catalana. ¡Oh, casualidad! Ustedes avanzan pero siempre topan con lo mismo, con la lengua catalana. Habíamos presentado una propuesta de resolución instando al Consejo General del Poder Judicial a impulsar y promover el gusto del conocimiento de todas las lenguas cooficiales del Estado español entre los jueces y magistrados, con la finalidad de que todos los ciudadanos con lengua propia distinta a la castellana pudieran dirigirse sin problemas a la Administración de Justicia española. Pues bien, saben que en estos momentos la situación es francamente lamentable. Datos de un observatorio público: en el año 2009 solo el 25 por ciento de los juicios celebrados en Catalunya fueron celebrados en lengua catalana. Las sentencias redactadas en catalán solo alcanzan el 8,2 por ciento, produciéndose en este caso una regresión respecto de las sentencias redactadas en el año 2004, que suponían un 20,6 por ciento. La redacción de otros escritos surte igual suerte, siendo que el total de los mismos redactados en catalán solo alcanza el 14,2, y es que la lengua de la justicia sigue siendo casi exclusivamente la lengua castellana y ello debido en gran parte al desconocimiento de los actores jurídicos, jueces, secretarios o fiscales de la lengua catalana. Por supuesto, pobres gallegos y pobres vascos, porque si con la lengua catalana que es la lengua distinta al castellano más hablada en el Estado español ocurre lo que ocurre, ima la Administración de Justicia española.

Sin embargo, no me sorprende. No puedo resistirme, hoy que leo en los periódicos cómo la democracia española lo que hace es premiar al señor Hernando. La democracia española lo premia, otorgándole el honor de ser miembro del Tribunal Constitucional, a una persona que utilizó el Consejo General del Poder Judicial para fomentar la catalanofobia, utilizando el aparato para ir contra el Estatuto de Autonomía de Catalunya. Es más, ¿se imaginan ustedes que en Bélgica una persona que ocupara el cargo que ocupaba el señor Hernando hubiera salido en una televisión pública y hubiera dicho que aprender o conocer una de las lenguas del Estado belga era lo mismo, tenía la misma categoría que aprender el folklore de una zona del territorio belga? Esto es lo que dijo el señor Hernando. ¿Lo recuerdan? (Rumores.) Fue el señor Hernando quien dijo que hacer aprender el catalán a los jueces no tenía ningún sentido porque era lo mismo aprender catalán que aprender a bailar sevillanas. Esto lo dijo un personaje tan nefasto como el señor Hernando; políticamente nefasto, fomentador de la catalanofobia. (Rumores.) En cambio, fíjense, durante los años 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007 y 2008 ocupó la presidencia del Consejo General del Poder Judicial y ahora es nombrado miembro del Tribunal Constitucional; un Tribunal Constitucional que, siempre hemos dicho, ejerce de manera impropia sus funciones.

Pues bien, ustedes podían haber aminorado un tanto esta tendencia y ustedes hubieran como mínimo transaccionado, ponderado, también nuestra iniciativa, nuestra resolución que solamente pretendía instar desde aquí al Consejo General del Poder Judicial a ponerse en la labor de fomentar el uso de las lenguas vasca, gallega y catalana, a fin y efecto de que los ciudadanos del Estado español puedan dirigirse a la Administración de Justicia española sin ver vulnerados sus derechos como ciudadanos. ¡Y maldita casualidad! La única resolución que no ha merecido transaccional ha sido la que afecta a los derechos de huelga y a la lengua.

Muchas gracias.