Se dice que el concepto como tal milenario, de la separación de poderes en un estado, nació en la antigua Grecia, aunque fueron teóricos posteriores quienes lo transformaron más como lo conocemos hoy en día. Pero seamos serios. En España eso es una quimera democrática. Una aberrante utopía para ciudadanos borreguiles siervos de esta monarquía. Tal cual.
La separación de poderes no se establece en la Constitución Española. O sea, ya de por en sí la impertérrita Carta Magna, los poderes legislativos y ejecutivo no están separados en origen mediante elecciones separadas, sino que en España existen “elecciones generales” en las que se nombran diputados y senadores a cortes generales. Y es el ejecutivo de turno quien se ‘acomoda’ el poder jurídico en forma de CGPJ (Consejo General del Poder Judicial) a su voluntad y comodidad política. El atraco a la democrácia está servido.
Así, mientras no hay cambios en el órgano jurídico por falta de tiempo o en situación de elecciones anticipadas como en el caso actual, el PP aún ordena y manda judicialmente y el PSOE hace lo que puede. Por ese motivo la Fiscalía del Tribunal Supremo ha informado en contra de la apertura de una causa penal al presidente del PP, Pablo Casado, por los delitos de prevaricación y cohecho impropio relacionado con el título del máster que cursó en la Universidad Rey Juan Carlos de Madrid (URJC) en el curso académico 2008-2009.
La Sala lo Penal del Tribunal Supremo pidió informe al Ministerio Público sobre si creía que tiene competencia investigarle, ya que es aforado, y si compartía los indicios de delitos que señaló en su exposición razonada la juez que inicióla causa, la titular del Juzgado de Instrucción número 51 de Madrid, Carmen Rodríguez-Medel. La Fiscalía pide que se archive el procedimiento. Como no.
Según el escrito que la jueza elevó el pasado 6 de agosto al alto tribunal, Casado pudo incurrir en delitos de cohecho impropio y prevaricación administrativa al considerar que existen “indicios” de que obtuvo el máster de la URJC como un “regalo académico por su relevancia política e institucional”, según el informe.
La Fiscalía mantiene un criterio ridículo y vergonzoso. Diametralmente opuesto a la juez del caso, en cuya exposición razonada mantenía que Casado, junto a un grupo de alumnas con vínculos políticos o personales con miembros de la universidad pudieron conseguir el título como “regalo o prebenda sin mérito académico alguno” por parte del director de estos estudios, el catedrático y exdirector del Instituto de Derecho Público, Enrique Álvarez Conde.
El tribunal que ha pedido el informe al Ministerio Público está compuesto por el presidente de la Sala de lo Penal, Manuel Marchena, los magistrados Pablo Llarena, Francisco Monterde, Ana Ferrer y Miguel Colmenero, este último ponente de la resolución que acuerde si finalmente Casado es investigado o no. Ya lo dicen Los Morancos, pero que “Malamente” lo están haciendo.
Otro ejemplo más de cómo funciona la justicia en España, sin entrar en el tema catalán que es harina de otro costal, es que casi a la vez que se conocía el informe sobre Casado, la jueza abría diligencias por esos mismos delitos por el máster que obtuvo la exministra Carmen Montón en el curso 2010-2011 y que le costó la cartera de Sanidad, al trascender que pagó la matrícula fuera de plazo, empezó el curso tarde, apenas asistió a clase, sus notas fueron manipuladas y su trabajo final contenía plagios. Ahí si va a ver investigación/imputación. No faltaría más.
“España es un desastre”, cierto. Lo dice el propio Pablo Casado, líder del Partido Popular. Uno de los grandes defensores del españolismo patrio, adalid de la nueva, una, grande y libre. Que se vuelve realista con ataques de sinceridad fuera de su territorio. Afirmando sin tapujos ni cortapisas a Jean-Claude Juncker, presidente de la Comisión Europea, lo que realmente piensa. Así está España…
El Comunicado
Josep Herrera
Periodista
