El Tribunal Supremo funciona como el Gobierno español de turno. Mal. Este órgano jurisdiccional está entre la espada y la pared por culpa de judicializar la política. Cosa que cada vez lo asienten hasta los más negacionistas. España no es ni democrática ni libres son sus ciudadanos. O por lo menos no con algunos de ellos.
El esperpento judicial con el que tienen sometido a los presos y exiliados políticos catalanes es algo inaudito en un país que se considera justo y con separación de poderes. Pero en el pecado se llevará la penitencia. Esta misma Justicia será la que tenga que redimir cuentas, de una forma u otra, con un estamento superior y neutral algún día.
El TS tiene su sede en Madrid, con jurisdicción en todo el territorio nacional, constituyendo un tribunal superior en todos los órdenes (civil, penal, contencioso-administrativo y social), donde otros tribunales superiores territoriales, como el de Catalunya, pintan poco. Lo último sobre el impuesto en la hipotecas es solo la punta del iceberg, que solo se aprecia si nos lo encontramos en el camino de nuestro día a día.
Catalunya ya sabía de sus tejemenejes. Ahora son el resto de españoles los que advierten de la vergonzosas, ineptas y tercermundistas actuaciones de este tribunal como máximo garante de la justicia en España. Cuando entienden que les afecta negativa e ineludiblemente. De presenciar como pueden provocar un temporal económico que podría haber tenido dimensiones catastróficas, de haber sembrado la inseguridad jurídica en la sociedad, y haber establecido el precedente explosivo del recurso del Tribunal Supremo contra sus propios actos.
¿Qué impedirá en el futuro que cualquiera que se sienta perjudicado por una sentencia de este órgano judicial exija que se reúna un plenario de magistrados para rectificarla? Por lo pronto el Govern de Quim Torra denunciará ante la fiscalía a Lesmes y Picazo por cambiar de criterio sobre el impuesto hipotecario.
Y ahora lo que es más grave, la situación con los presos políticos ¿Cómo puede este tribunal acusar a los imputados del procés de “empañar la honorabilidad de la justicia española”, como así han afirmado en multitud de ocasiones, apostillando repetidamente que “el alto tribunal recuerda que la causa versa sobre delitos graves, no sobre objetivos políticos”?
¿Hasta cuándo la Justicia en la Unión Europea va a mirar hacia otro lado ante tales despropósitos? Si hay condena en los próximos juicios la ciudadanía no se va a quedar de brazos cruzados, será entonces cuando opine sobre cómo debe gestionarse la democracia en la Unión Europea. Lo acaba de recordar la exiliada Marta Rovira en Catalunya Radio desde Ginebra.
Además Marta Rovira, vicepresidenta de ERC, lo tiene claro. Mientras esta venganza política en forma de orden judicial no acabe, no apoyará los presupuestos del Estado del Gobierno de Pedro Sánchez: “¿Cuántas partidas presupuestarias vale que yo pueda volver a casa?”, ha afirmado con rotundidad.
Catalunya siempre se avanza en muchos apartados al resto de España, por ejemplo en asuntos sociales, en educación, en ciencia, en investigación, en deporte, en cultura, etc. y ahora ya hasta en justícia. Lleva tiempo diciendo que los presos y exiliados del procés, son un escarmiento, una vendetta al 'desafío' democrático independentista y no un tema jurídico. La ciudadanía del resto del Estado ha sido testigo de que esta justicia no es igual para todos. Hoy ven que el poder judicial, como el ejecutivo, tambien está al lado de los Bancos y los poderosos del Ibex 35.
Pero es mejor aparentar. Los partidos políticos estatales con esta última actuación del TS se alejan del corporativismo y amiguismo que ha sido la seña común en otras crisis con este Tribunal. Es mejor no jugarse los votos del ciudadano a pesar de que la credibilidad en la independencia del poder judicial español se le ha caido la careta. Otra parte del Estado patrio que cae por su propio peso…
El Comunicado
Josep Herrera
Periodista
