En España que cuenta con un sistema político multipartidista siempre han dominado los complots y pactos estatales como eje vertebrador de su gestión política contra lo que no sea rancia españolidad. Les es tan importante la gestión del partido de turno en el poder, como criticar y defenestrar la labor del oponente despiadadamente. Golpes de estado incluido si fuere necesario.
Isabel Celaá, ministra portavoz del Gobierno, ha denunciado que una “cacería y un brutal acoso” por parte de los partidos de la oposición contra el Ejecutivo que alcanza ya el “ataque personal”. Lo de siempre en la política española, acosar y dar caza, a los que no piensan igual que tú.
Tras el Consejo de Ministros y en rueda de prensa, Celaá ha culpado de esa campaña de acoso a una minoría representada por el PP y Ciudadanos, partidos que, a su juicio, no han asumido que han perdido el poder.
Frente a estos ataques, la portavoz del Gobierno ha garantizado que el Ejecutivo de Pedro Sánchez vino a “limpiar la vida política y seguirá limpiando y no va a parar de trabajar”.
El Gobierno de Pedro Sánchez considera que el PP en complot con la nueva derecha de Ciudadanos, está realizando una oposición incomparable en democracia, ya sea desde las instituciones, bloqueándolas, o traspasando límites que van más allá de lo aceptable”, ha arrancado Celaá en su exposición.
El Ejecutivo distingue dos facetas en el rol del PP y Ciudadanos. Una de ellas está compuesta por las acciones que los dos principales partidos de la oposición están siguiendo en el Congreso. La otra, por la legitimidad que otorgan a grabaciones como las realizadas hace una década por el excomisario José Villarejo dentro de lo que definen como las cloacas del Estado.
El comienzo del bloqueo y boicots a la iniciativas del Gobierno de Pedro Sánchez, junto a sus aliados parlamentarios hasta ahora, por parte de esos dos partidos, está servida. Ahora es el rechazo de las formaciones de Pablo Casado y Albert Rivera a acelerar la tramitación de la Ley de Estabilidad Presupuestaria para que el Senado, controlado por los populares. no tenga capacidad de veto para la aprobación de la nueva senda de déficit acordada por el actual gobierno con la Unión Europea.
Todo esto mientras el presidente del PP, Pablo Casado, no será imputado por las supuestas irregularidades de su máster. Ya que el Tribunal Supremo ha rechazado investigar a este político al considerar que no existen indicios de que cometiera un delito de prevaricación en el famoso e irregular posgrado que cursó en la Universidad Rey Juan Carlos.
La decisión la ha tomado por unanimidad y conformidad absoluta en la sala de admisión del Supremo, formada por el presidente de la Sala Penal, Manuel Marchena, y los magistrados Pablo Llarena (el anómalo instructor de la causa contra los líderes independentistas de Catalunya) junto a Francisco Monterde, Miguel Colmenero y Ana Ferrer.
Las conspiraciones, los complots y los favores en la política española son “reloded” Marca España a través de su historia. A nadie le es extraño ya a estas alturas…
El Comunicado
Josep Herrera
Periodista
