Dictadura Judicial

Decía el escritor francés Paul E. Reveillère, que lo que consideramos como justicia, es a menudo, una injusticia cometida en favor nuestro.
 
El Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC), ha rehusado todos los recursos que se presentaron por parte de la Generalitat por la admisión de las querellas de diferentes organizaciones contra el President Artur Mas, la vicepresidenta Joana Ortega y la consellera d'ensenyament Irene Rigau. Y de una manera absurda y esperpéntica ha decidido mantener abierta la investigación por esa supuesta desobediencia en el proceso participativo del 9-N como organizadores e instigadores del mismo.
 
Seis resoluciones en las que los magistrados se ratifican en lo que ya acordaron el pasado ocho de enero. El TSJC admitió entonces las querellas por un delito de desobediencia supuestamente cometido por Mas, Ortega y Rigau al desentenderse de la suspensión de la consulta soberanista que acordó el Tribunal Constitucional el cuatro de noviembre y de todos los hechos que estén relacionados, de alguna manera, con esa resolución.
 
A partir de los comicios del 9-N, prodigaron las querellas por numerosos delitos contra diversos consejeros de la Generalitat, incluida la que interpuso la Fiscalía General del Estado. El TSJC, sin embargo, acabó llevando a término una criba. Las admitió parcialmente todas, pero solo contra Mas, Ortega y Rigau y únicamente por el delito de desobediencia. Acordó, además, que todas las querellas se unificasen en una sola causa. O lo que es lo mismo, un acto desproporcionado de una justicia que actúa con desmesura como títere del poder. Algo que recuerda a la dictadura judicial de no hace mucho.
 
Y sino como se entiende el periplo de esta justicia politizada que tiene que deliberar, porfiar y litigar durante más de siete horas de disputa, con el vergonzoso y antidemocrático arbitraje de los jueces conservadores, en el pleno del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), para decidir si se expulsa de la carrera judicial al magistrado de la Audiencia de Barcelona Santiago Vidal, por participar en la redacción del borrador de la Constitución Catalana. Al final se ha rechazado y el pleno se ha opuesto al castigo máximo que proponía la autoridad disciplinaria del consejo, Antonio Fonseca-Herrero, acordando, por 12 votos a nueve, una sanción intermedia: apartar al juez durante tres años, el plazo máximo de suspensión previsto en la Ley Orgánica del Poder Judicial, donde la injustica ha prosperado.
 
Este CGPJ tiene como máxima y principal función la de velar por la garantía de la independencia de los jueces y magistrados frente a los demás poderes del Estado. [¿?] Si la justicia española no está politizada por el gobierno en el poder, como ocurría en regímenes pasados, que venga D10S y lo vea…
 
J L Herrera Vega
Ciències de la Informació i de la Comunicació
El Comunicado