Este viernes Mariano Rajoy, ha dado indicios de volver a querer postergar lo inexcusable, aún teniéndolo muy dificil. Ha inculpado al presidente de la Generalitat, Artur Mas, de querer transitar hacia la “Edad Media” y de pretender cambiar un procedimiento ilegal, el día 9 de noviembre, por otro “más antidemocrático todavía”, que el anterior. El Presidente del gobierno ha recordado, tal y como había adelantado su vicepresidenta, Soraya Sáenz de Santamaría, que ha dado directrices para analizar los pasos alternativos que da Mas para la consulta del 9N “sin ninguna garantía democrática”, y ha avalado que no hay que tener la menor duda que se volverá a recurrir al Tribunal Constitucional si se considera necesario. El líder del PP inventa estas declaraciones en referencia a la intención de la Generalitat de modificar la consulta soberanista por una ''consulta informativa''. El Gobierno entiende que las consideradas como consultas ciudadanas mediante pregunta directa “constituyen materialmente un auténtico referéndum”. Así el Tribunal Constitucional puede volver a decidir, o lo intentará a riesgo de fracasar. Y es que este es un TC nada imparcial o ecuánime, con mayoría del PP. Por ello, un tribunal que no es ejemplo de equidad, no puede obligar a que se paralice un proceso participativo y democratico.
La desfachatez y la insolencia del Estado interponiendo la mediación de la justicia para usos y beneficios partidistas es infinita. Más de lo mismo, el Consejo de Ministros ha adoptado también este viernes los acuerdos para impugnar ante el Tribunal Constitucional los dos decretos del Gobierno de Canarias. El Gobierno recurrirá, de igual manera que en el proceso catalán, ante el TC la consulta convocada por el Ejecutivo de Canarias en relación con las prospecciones petrolíferas en aguas cercanas al archipiélago, convocada para el 23 de noviembre, según palabras de la vicepresidenta del ejecutivo, Soraya Sáenz de Santamaría. El gobierno regional de canarias, que lidera Paulino Rivero, lo ha dejado bien claro, “La decisión del Gobierno de España solo pretende acallar la voz de los canarios, demostrando un talante antidemocrático que no responde al interés general, sino al interés de una empresa privada”. En este caso Repsol/Estado.
Así pues, una vez más toca la posible intimidación de los 12 togados del Tribunal Constitucional, cuales “12 hombres sin piedad”, en un escarnio contra el ciudadano del pueblo culpable de antemano. 12 Jueces de un TC, en el que varios magistrados han estado relacionados con la FAES, uno de ellos fue diputado del PP durante 17 años y su presidente militó entre 2008 y 2011. Cada uno de los 12 magistrados del Tribunal Constitucional, máximo órgano jurídico en España, son o conservadores o progresistas (PP o PSOE). La relación de los jueces que componen este órgano va más allá de una alineación ideológica con los dos principales partidos de la oposición, como se demostró cuando los papeles de Bárcenas desvelaron que Francisco Pérez de los Cobos, presidente del TC, había sido militante del PP entre 2008 y 2011.
Por lo tanto, si en esas dos formaciones políticas los magistrados del infame Tribunal Constitucional, van desde la coincidencia ideológica a la pertenencia, no se puede ni deben dar consejos desde los medios de comunicación, pero esta vez la ciudadanía espera que la clase política de Cataluña, o mejor dicho el Govern, no recule o rehúya, sobre la posibilidad de celebrar el 9N. Si vuelve a incurrir en ese despropósito no creo que la ciudadanía se lo perdone y el electorado de CiU le castigaría de por vida. Además si se diera el caso, ahora podría enmendar el error de la rápida retirada sobre la anterior propuesta. Hay un nuevo Estado en juego. Como reza el dicho: “Un político piensa en las próximas elecciones; un estadista en la próxima generación…”
JL Herrera Vega
Ciències de la Informació i de la Comunicació
El Comunicado
