RIESGOS E INCERTIDUMBRES traducido del original en catalán y publicado en Regió 7
He tenido tiempo de leerme el último informe del Consejo General de los Economistas: Riesgos e incertidumbres de futuro de la economía española de Antonio Pulido y Julián Pérez. Diciembre 2.017.
Hoy sólo me centraré en parte del capítulo dedicado a valorar el impacto económico del conflicto Cataluña- Estado. Lo más interesante de todo es que reconoce lo que algunos mantenemos desde los inicios de los años 90, cuando en solitario defendíamos los efectos negativos del déficit fiscal catalán. Pulido y Pérez hacen una estimación sobre lo que pasaría de haber un sistema similar al concierto económico vasco en Cataluña. Cataluña pasaría de una posición deficitaria del orden del -5% de su PIB, a una situación de superávit similar a la que mantiene el País Vasco y que se aproximaría al 5% del PIB. Cabe decir que estas cifras son resultado de utilizar el método más desfavorable para Cataluña, que adjudica a las Comunidades autónomas inversiones hechas en Madrid de dimensión “Nacional”. Según el otro método, estaríamos hablando de entre el 7% y el 10% del PIB de déficit actual y con Concierto económico el mismo porcentaje de superávit.
En el presente estudio, Cataluña pasaría de un saldo fiscal negativo de 9.892 millones de Euros a un saldo positivo de 10.000 m €. El cálculo sobre el conjunto de Comunidades Autónomas se hace partiendo del actual modelo de financiación, donde el Estado no renuncia a quedarse la parte del león; y es por eso que cualquier mejora de Cataluña conlleva inmediatamente que el resto de territorios pierdan posiciones. Madrid deja de ingresar 8.700 m €, Andalucía: 2.415; Canarias: 1.348; Castilla y León: 1.344; Galicia: 1.160; País Vasco: 1.004 y el resto por debajo de los mil millones.
Si se observan las cifras del PIB, mientras Cataluña incrementa como ya hemos dicho un 5% el PIB, Ceuta y Melilla disminuyen el 4,3%, Extremadura el 2,7%, Canarias el 2,3%, Madrid el 2, 1%, Asturias el 2,0%, Baleares y Castilla-León el 1,5%, Andalucía y Castilla la Mancha el 1,2%, Galicia ie País Vasco el 1%, y el resto por debajo.
Finalmente, mirando los efectos sobre el empleo vemos como la supresión del déficit fiscal en versión ligth del Consejo de Economistas significaría tener 201.000 empleos más para los catalanes. Y en cambio 82.000 puestos menos para Madrid, 35.000 menos para Andalucía, entre 15 y 20.000 menos para Canarias y Castilla-León y en torno a 10.000 menos para País Vasco, Valencia, Extremadura y Galicia.
Estos cálculos sobre el PIB y puestos de trabajo también son benignos porqué calculan al alza los efectos negativos indirectos para Cataluña de la pérdida de mercado español, y en cambio al alza los positivos para el resto del Estado. En todo caso, en términos absolutos, es falsa la imagen que se quiere dar que los principales afectados serían los de las Comunidades más pobres. Madrid es el gran afectado en términos de ingresos fiscales, de PIB y de puestos de trabajo. Y eso sin tocar un pelo el modelo del Estado que les permite la concentración de poder. Cualquier movimiento de la ficha catalana obligará más temprano que tarde, como dicen los mismos analistas, a cambiar el modelo de Estado y de financiación territorial. Y esto inevitablemente irá en contra del aparato central del Estado que al estar radicado en Madrid afectará a la capital.
Desde la óptica catalana es bueno saber que habiendo terminado el año 2017 con un 12,5% de paro aproximadamente, unos 418.000 parados, si recuperáramos nuestros ingresos fiscales crearíamos estos 201.000 puestos de trabajo. Es decir nos situaríamos en un 6% de paro aproximado que se considera una cifra prácticamente insuperable
Concluyen el estudio de los economistas: “las incertidumbres que han generado las ansias independentistas de una parte considerable de las instituciones y del pueblo catalán, no terminan con la celebración de las próximas elecciones autonómicas y la interrupción de la aplicación del artículo 155 de la Constitución. La incertidumbre continuará, con altos y bajos, mientras dure el proceso de reordenación territorial, que es imparable y que, posiblemente, acabará afectando a una revisión constitucional de contenido, hoy en día, imprevisible. Durante los próximos meses / años vamos a presenciar desencuentros políticos, presiones sociales y tensas negociaciones. De forma inmediata se deberá revisar el sistema actual de financiación autonómica, con un resultado que previsiblemente acabará exigiendo más aportación del Estado y decisiones comprometidas en el binomio presión fiscal / déficit público. Pero ya sabemos que la incertidumbre política, económica, financiera o de confianza en el futuro de empresas y consumidores se caracteriza por la volatilidad de su sentimiento ante cambios en el entorno. “
Resumiendo, la incertidumbre va para largo y arrastrará el conjunto de España, como ya habían vaticinado diversos organismos internacionales situando España como riesgo europeo número uno. Agárrense que vienen curvas.
